Torrecilla, M., Javier, F., Román, M., & Hernández Castilla, R.
(2011). Evaluación educativa para la justicia social. Revista Iberoamericana de
Evaluación Educativa.
En el texto se desarrolla
una demanda social urgente por una mayor justicia en educación y por una
educación que contribuya a una sociedad más justa, para que de esta forma finalicen
las enormes desigualdades existentes en cada país. Por lo tanto, una educación
justa debe revertir los determinismos sociales que predicen y definen los
resultados y desempeños de los niñas, niños y jóvenes según su estrato
económico. Debiendo la escuela ser capaz de formar a sus estudiantes de manera
igualitaria, asumiendo sus diferencias, por medio de un espacio democrático y
con una perspectiva de derechos humanos.
Por ende, la evaluación debe
contribuir a la consecución de una educación en pos de la justicia social, así
como también debe ayudar a la identificación de características educativas que
den entrada a una sociedad inclusiva, igualitaria y democrática.
Justicia social, para los
autores, se define como un proyecto dinámico, sujeto a reflexión y mejora.
Teniendo 3 conceptos a la base:
- Distribución: de bienes, recursos materiales y culturales. Aborda la justicia social entendida como justicia restaurativa. Proponiéndose también la distribución de ciertas capacidades mínimas que permitan la toma de decisión y la participación en igualdad de condiciones y derechos de los individuos.
- Reconocimiento: respeto social y cultural de todas las personas. Concebida como la ausencia de dominación cultural, visibilizando las perspectivas y características de las minorías étnicas, raciales, sexuales y culturales.
- La participación: en decisiones que afectan a sus propias vidas. Implica la promoción del acceso y la equidad para la participación en la vida social.
La búsqueda de la Justicia
social se fundamenta en una educación que promueva a una sociedad cohesionada,
igualitaria e inclusiva, que constituya a sistemas, instituciones y mecanismos
que aseguren los tres conceptos previamente hablados. Para la distribución, la educación debe ser
pertinente, relevante e igual en objetivos para todos, pero dedicando más
esfuerzo y recursos a aquellos que lo necesiten; para el reconocimiento, la
educación debe promoverlo, en conjunto al respeto y valoración de las
diferencias individuales, sociales y culturales; para la participación, la
educación debe fomentar y asegurar el aprendizaje y la participación de todas y
todos en un ambiente de convivencia.
Además, una educación
para la Justicia social requiere preparar a los sujetos, fortaleciendo en ellos
tales capacidades y habilidades que les permitirán desarrollarse en sus
distintos ámbitos de vida.
Los docentes que trabajan
en y para la Justicia social reconocen las injusticias y las denuncian, contribuyendo
a su supresión. La conducción y gestión de establecimientos escolares necesitan
líderes directivos con la misión de formar ciudadanos capaces, libres e
iguales. Así como se requiere de escuelas generadoras de una cultura escolar de
confianza y altas expectativas, teniendo confianza en la capacidad de aprender
de los estudiantes y en responsabilizarse por lo que logran y rinden.
Por esto, para la consecución
de una educación en pos de una Justicia social, la evaluación debe de contribuir
a la mejora de los niveles de inclusión, que facilite la construcción de
estrategias para desarrollarse a partir de sus capacidades, saberes previos,
intereses y necesidades. Por lo tanto, es necesario exigirles a los
establecimientos que den cuenta de su capacidad para igualar oportunidades,
explicitando y visibilizando los problemas y fuentes de desigualdad que los
afectan.
Siendo entonces, la
evaluación que se necesita, la experiencia de aprender y ser con otros, en un proceso
en el que se distribuye no sólo el presente, sino también el futuro.
Comentario breve
Miles de establecimientos
escolares en Chile, ignoran la importancia de una educación en y para la
Justicia social, que conlleva al crecimiento integral de actuales estudiantes y
futuros ciudadanos. Y más bien se quedan con la formación y evaluación en base
a un currículo establecido, el cual no incluye a aquellos que no cumplen o no
pueden cumplir (por diversos motivos) con sus objetivos, segregándolos, y es
que se basan en una homogeneización estudiantil, en el cual no se valoran las
diferencias que se mencionan en el texto para una educación en pos de la
Justicia social, sino que todos deben de lograr lo mismo, aprender lo mismo, no
preguntándoles si quiera a los alumnos, o a sus padres, o a muchos profesores
lo que se quiere enseñar-aprender, sino sólo se dictamina y se obedece. Siendo
esta enseñanza y aprendizaje, unidireccional, es decir, el profesor enseña- el
alumno aprende, y esto se critica en el texto, mencionando que es
bidireccional, que se puede generar aprendizaje en un ambiente democrático e
igualitario, en el cual se valoran las diferencias y se apoyan en cuanto se
necesite. Creándose nuevas formas de evaluación, que consideran la construcción
de estrategias acordes a las diversidades individuales.
Por esto, considero
importante lo que menciona el texto, se necesita un real aprendizaje, no sólo
de contenidos, sino de individuos, en una relación con otros, para crear y
potenciar a individuos que creen en la igualdad, en la participación de todos,
en el respeto social-cultural, que creen en una justicia social en Chile.
Citas textuales
Desde el espacio escolar,
la educación ha de promover y dar prioridad a la participación plena e igualitaria
de los estudiantes en su proceso de aprender y ser. Esto supone trabajar estrechamente
con ellos, sus familias y comunidades (sobre todo en contextos rurales y con
poblaciones indígenas), desde sus expectativas, particularidades y
características culturales” (pp.12).
“Se requiere
contar con docentes justos y competentes, así como directivos atentos y
preocupados por el desempeño de los profesores y su consecuencia en los avances
y resultados de los estudiantes. La calidad y equidad educativas requieren de
una convicción profunda de que todos los niños y las niñas pueden aprender y tienen
el derecho de recibir los recursos, la orientación y apoyos pedagógicos necesarios
para lograrlo y desarrollarse integralmente” (pp.16).
“Las políticas de
evaluación de la educación deben traducirse en lograr una concertación social
que promueva nuevas interpretaciones y prácticas de acción sobre los posibles
caminos y medios para mejorar la calidad, relevancia, justicia y equidad de la
educación mediante la cual se formen ciudadanos con pleno acceso al
conocimiento e igualdad de oportunidades” (pp.17)
Por: Geraly Valderas
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